El estado colombiano se ha amoldado a las políticas económicas mundiales, promoviendo los famosos créditos educativos, las alternativas de financiación y los precarios sistemas de becas. Consecuentemente, sobre la financiación de la educación publica y con respecto al tema de la gratuidad no han sido tomadas en cuenta. Bajo esta nueva mirada, el estudiante pasa a ocupar el lugar del cliente que debe determinar, de acuerdo con sus intereses, cual es el tipo, la calidad y los principios de la educación que quiere recibir. Evidentemente, al costo de renunciar, como cliente, a la posibilidad de elegir una educación pública de excelencia.
La política educativa colombiana se ha centrado en planes y programas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, con énfasis en el desarrollo de mecanismos de control y estrategias de eficiencia, dejando de lado las discusiones sobre el sentido social del sistema educativo en relación con el desarrollo humano y con las grandes problemáticas del país. Y hay que sumarle que en la última década el esfuerzo de los gobernantes se ha centrado a la destinación de la mayor parte del presupuesto nacional a la militarización del estado con las políticas de seguridad democrática que han recibido grandes beneficios a costa de el detrimento de las condiciones de vida, en este caso la desfinanciación de las instituciones educativas de carácter publico. Se ha dejado de lado la participación ciudadana para la concertación sobre el tipo de educación que se necesita para aportar al desarrollo del país.
